Plan 2030: ocupación integral de México
por Nancy Flores*
El proyecto transexenal calderonista México 2030 garantiza “la ocupación integral del país”: rompe las voluntades sociales y los marcos jurídicos, reprime y coopta. Inspirado en el imperialismo que encabeza Estados Unidos, su fin es acabar con el Estado nación mexicano, señala Gilberto López y Rivas; por ello, dice, los mexicanos enfrentan una “guerra social” disfrazada de combate al narcotráfico. En el mapa anexo a esta edición, Contralínea reconstruye gráficamente los principales objetivos de la ocupación.
Proyecto México 2030: la venta de un país
Plan México 2030: “acotar” crimen organizado, no exterminarlo
Entrega Calderón áreas estratégicas a trasnacionales
Plan México 2030: desmantelar la seguridad social
Proyecto 2030: venta total de las reservas de la biósfera
Plan 2030: “mexicoamericanos” gobernarán la nación
Plan 2030: ocupación integral de México.
El plan transexenal calderonista México 2030, Proyecto de Gran Visión, urde la ocupación integral del país, señala Gilberto López y Rivas. Con éste, la “clase dominante” pretende desmantelar el Estado-nación mexicano, explica el integrante del grupo Paz con Democracia e investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Los 14 documentos que integran el plan detallan que uno de sus principales objetivos es la creación de una nueva constitución política. Los archivos –desclasificados por la Presidencia de la República y consultados por Contralínea– revelan que esa carta magna abolirá la propiedad pública, desconocerá los derechos colectivos, el patrimonio y los bienes nacionales, y abandonará el concepto de soberanía nacional.
Con ese nuevo marco jurídico se materializarán los propósitos del Proyecto de Gran Visión, entre los que destacan: ceder el control gubernamental del país a “mexicoamericanos”; privatizar la salud, la educación, el agua, la energía, los minerales, las reservas de la biósfera, el patrimonio cultural, las carreteras, las telecomunicaciones; extinguir la propiedad ejidal y comunal; abolir los derechos a la sindicalización y a la protesta social en caso de expropiaciones.
En dos décadas, México será “un país con una nueva constitución y armonía entre la legislación interna y externa”, indica el apartado dedicado a la política exterior. El investigador Pablo Moctezuma Barragán observa que a los autores del plan “les estorba” la actual Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El doctor en estudios urbanos refiere que “armonizar” la legislación nacional con la extranjera necesariamente conlleva la pérdida de la soberanía: “México no se regiría por sus propias leyes, sino por las de las potencias extranjeras”.
La legislación externa, dice, es la que faculta a las trasnacionales a demandar al país por daños, perjuicios y discriminación cuando no se les asignan los contratos multimillonarios licitados. En ese contexto, explica el autor de México, dependencia y autoritarismo, el Estado no puede tomar decisiones.
Si las leyes hubieran estado “armonizadas” en la época de Lázaro Cárdenas, las empresas petroleras hubieran demandado a México y la expropiación se hubiera revertido, ejemplifica Moctezuma Barragán.
Gilberto López y Rivas –autor de Nación y pueblos indios en el neoliberalismo y Por los caminos del internacionalismo, entre otros libros– dice que no es fortuito calificar al México 2030 como el plan para la “ocupación integral”: “Es un símil histórico respecto de lo que fue la ocupación nazi-fascista en varios países durante la Segunda Guerra Mundial”.
Ahora, señala, lo que se impone es el modelo capitalista neoliberal. “El gran inspirador de este proyecto es el imperialismo, encabezado por Estados Unidos. Éste tiene (como base) la trasnacionalización de las economías, en lo que toca a los países que ellos ocupan”.
Para el investigador, en esa lógica imperialista se dan los lazos político, militar y comercial entre México y el país vecino. Las modificaciones de la relación con Estados Unidos, explica, han derivado en la incorporación de los sectores estratégicos y de los bienes de la nación al plan privatizador México 2030.
Privatizar el Estado posrevolucionario
Los 14 documentos vinculados al Proyecto de Gran Visión, reflejan las tendencias del capitalismo neoliberal, que rompen todo tipo de voluntades sociales y de marcos jurídicos surgidos del Estado benefactor, analiza López y Rivas. De manera abierta o silenciosa, indica, el plan transexenal lleva a la privatización del Estado mexicano posrevolucionario.
El politólogo y antropólogo recuerda que la “destrucción” de los marcos jurídicos se inició hace 30 años: “Las reformas a la Constitución se han hecho para dar viabilidad jurídica a estos planes del México 2030”. La meta de la “clase trasnacionalizada” es poner en venta el Estado mexicano.
—No ha habido diferencia entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional: Calderón es el álter ego de Carlos Salinas, mientras que Vicente Fox continuó todos los planes de su antecesor (Ernesto Zedillo). No hay diferencia. Es un proyecto bipartidista, de una clase dominante que se apodera de todo el aparato del Estado para venderlo al mejor postor y, de paso, enriquecerse y enriquecer a sus amigos, sus conocidos y familiares, a través de la profunda corrupción que caracteriza a la clase política actual.
Al describir a los impulsores del plan, López y Rivas indica: “Se trata del sector que, sin retórica alguna, podemos llamar vende patrias. Ese sector no tiene la menor idea de los sentimientos que inspiraron, por ejemplo, la expropiación petrolera de 1938, o de lo que llevó después a la construcción de una infraestructura mínima de carácter industrial”.
“Guerra social”
La imposición del plan México 2030, Proyecto de Gran Visión, incluye una “guerra social”. Una de las características de la clase política mexicana es la utilización permanente de dos instrumentos de control social: la cooptación, es decir, la corrupción de amplios sectores de la población; y la represión, explica López y Rivas.
—Lo que está caracterizando al gobierno de Calderón es la guerra “contra el narcotráfico”, que en realidad es una guerra social: busca propósitos no confesados. Es un proceso de militarización y criminalización de las luchas sociales, donde se ve la mano de un Estado autoritario dispuesto a usar la violencia selectiva y, como lo hizo en la Guerra Sucia con las desapariciones forzadas, con impunidad en el terreno represivo, supuestamente, en contra de los cárteles de las drogas.
El también autor de Las fuerzas armadas mexicanas a fin del milenio: los militares en la coyuntura actual señala que esa guerra “contra las drogas”, el proceso de militarización y de control social van emparejados al plan México 2030. “Ese proyecto no se puede llevar a cabo si no es a través de una gran represión y de una especie de terrorismo de Estado que está implantándose en regiones ya militarizadas, en donde no impera la Constitución ni mucho menos las leyes”.
Para Carlos Antonio Aguirre Rojas –doctor en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y posdoctor por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, Francia–, a Calderón sólo le queda la fuerza para gobernar, en la medida en que no tiene consenso social y no hay sectores importantes de clases que realmente lo apoyen. “Desafortunadamente sí va a continuar con esa política represiva, bastante militarista”.
Más aun, históricamente, Estados Unidos ha empleado el uso de las drogas como herramienta para alcanzar sus fines. Pablo Moctezuma Barragán indica que, para implantar sus planes imperialistas, ese país ha utilizado al narcotráfico como su “arma número uno”: eso ha ocurrido desde la década de 1960, cuando incluyeron el tema de los narcóticos en la guerra de Vietnam.
Agrega que “la droga es el negocio de Estados Unidos. Allá se vende, tienen el mayor mercado (del mundo), lavan el dinero y de allá nos venden las armas. El problema del narcotráfico es de Estados Unidos y lo están imponiendo en México”.
La lucha contra el narcotráfico que se libra en el país es “ilegal, anticonstitucional y fascista”, señala Moctezuma Barragán. “Es el control militar para la extracción de nuestros recursos y el uso de nuestro territorio para corporaciones extranjeras”.
Añade que en el plan transexenal “está muy claro que les estorba la Constitución y los derechos nacionales que nos da la Constitución. Les estorba la soberanía, les estorba el Estado-nación”. Por ello, dice, “lo que necesitamos es un amplio movimiento popular que lleve a la construcción de un gobierno de paz”.
Lo ya privatizado
Los 14 documentos que integran el expediente México 2030, Proyecto de Gran Visión, contienen los resultados de los talleres temáticos convocados por Calderón en octubre de 2006, tras ser declarado presidente electo de México por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en plena crisis poselectoral.
Originalmente clasificados como confidenciales, éstos se dividen en cinco ejes: estado de derecho y seguridad pública; economía competitiva y generadora de empleos; igualdad de oportunidades; desarrollo sustentable; democracia efectiva y política exterior responsable.
Esos documentos revelan los planes del gobierno federal para privatizar los sectores estratégicos y los bienes de la nación. Algunos de los esquemas ahí previstos para concesionar la riqueza del país ya son vigentes: asociaciones público-privadas, Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), obras públicas financiadas, contratos de servicios múltiples, unidades de conservación para la vida silvestre (Uma).
Tan sólo en el tema ecológico, al menos 23 reservas de la biósfera han sido parcialmente privatizadas bajo la figura de las Uma, consta en reportes oficiales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esto implica 2 millones 456 mil 142 hectáreas de “áreas naturales protegidas” en manos de particulares, por medio de 66 unidades de conservación.
En el caso de los PPS, hay 11 proyectos de infraestructura: tres desarrollados por la Secretaría de Salud; siete por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y uno por la de Educación Pública, indica el portal de internet oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Como lo ha documentado Contralínea (número 173), nueve de esos proyectos, que implican una deuda pública por más de 37 mil 600 millones de pesos, han beneficiado a empresarios vinculados con el Partido Acción Nacional: las familias Mariscal Servitje, Mariscal Torroella y Quintana Kawage.
En esos esquemas privatizadores se mueven, por ejemplo, las contrataciones de la Comisión Federal de Electricidad. Entre 2009 y 2018, esta paraestatal destinará 634 mil 920 millones de pesos a la asociación público-privada.
De acuerdo con el documento El sector energético en México: oportunidades de inversión, tan sólo en 2010 se entregarán cuatro proyectos bajo ese esquema: el Ciclo Combinado Norte II (acuerdo de compra de energía bajo el esquema de productor independiente de energía), la planta de Cogeneración Salamanca (obra pública financiada), el Ciclo Combinado Planta de Energía Valle de México I y II (obra pública financiada), Ciclo Combinado Agua Prieta II (obra pública financiada).
Además de los PPS ya contratados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en 2010, las inversiones “público-privadas” comprometen 115 mil 660 millones de pesos. El dinero público se destinará a 53 proyectos carreteros PPS o privados, que se encuentran en marcha o por licitarse. Los contratos tienen una vigencia de entre 15 y 30 años, de acuerdo con información de Susana González, publicada en el diario La Jornada el 28 de febrero pasado.
Resistencia, única vía para frenar el plan
—Esta ocupación integral del país tiene como propósito vender el Estado nación, pero las cosas no están saliendo tal como lo quisieran: hay resistencias, profundas insatisfacciones, una indignación generalizada. Este proyecto está provocando una profunda indignación en amplios sectores de la población, lo cual, evidentemente, significa la resistencia al proyecto –dice López y Rivas.
El politólogo y antropólogo explica que “hay globalizados, que somos la mayoría, y globalizadores, que son ellos, los que sacan ventaja y provecho de todo lo que está pasando”: el .07 de la población que posee casi 40 por ciento de la riqueza nacional.
Indica que hay incertidumbre sobre el destino de este país. “No sólo vemos el desastre ecológico manifiesto en los ríos, las graves consecuencias en el terreno de la ecología y de la relación del hombre con la naturaleza, sino también en el amplio deterioro económico y social de sectores mayoritarios: la ampliación de los sectores que viven en la línea de pobreza y la gran ampliación de los que viven en la más profunda de las miserias”.
—Observamos que nos están llevando a un gran abismo. Esto está pasando universalmente. Lo que sucede en México no es diferente de lo que está pasando en Colombia, de donde vienen muchos de los planes represivos puestos en marcha por Estados Unidos: la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, la Iniciativa Mérida, que tienen mucho que ver con el Plan Colombia.
Gilberto López y Rivas añade: “Tenemos que resistir en todos sentidos, no nos queda de otra. La resistencia a todos estos proyectos es una forma de sobrevivir: o resistimos o somos barridos literalmente de este mundo. Siempre hay personas que no están dispuestas a someterse a estas grandes tendencias privatizadoras, desnacionalizadoras, desterritorializadoras”.
No obstante, critica que la actual resistencia –con expresiones en el Sindicato Mexicano de Electricistas, el sector minero, los pueblos indígenas, los campesinos, entre otros– “está fragmentada, dispersa, no centralizada. No responde con la misma dinámica centralizada y estratégica que tiene el plan México 2030”.
Aunque el politólogo no cree en la determinación histórica de que cada 100 o 200 años el pueblo “despierta”, dice que 2010 se ve como un año de grandes protestas sociales. “Se ha llegado al límite de lo que se puede resistir. No sabemos cómo van a evolucionar los conflictos que se han estado dejando como especie de minas, de bombas en distintos lugares, tocando distintos actores, que están a punto de estallar”.
López y Rivas recuerda que el grupo Paz con Democracia ha identificado la necesidad de que el proyecto de autonomía que se practica en comunidades indígenas toque amplios sectores de la población no indígena. “Hay que lograr la agrupación autónoma de sectores productivos, estudiantiles, obreros. Tratar de caminar con las propias fuerzas: nadie, por importante que sea, va a resolver sus problemas solo. No es el tiempo de caudillos, es el tiempo de unificar estructuras horizontales, democráticas, que luchen por hacer realidad su propio futuro. Nadie va a hacer las cosas por nosotros, nosotros tenemos que hacer las cosas por nosotros mismos”.
Agrega que “los poderes económico y político que impulsan el proyecto México 2030 están dispuestos a todo, como lo estuvieron antes. Tal como lo ha estado a lo largo de todas estas décadas el poder dominante en México”.
—Fortalecer todos los campos de la resistencia nacional y de la resistencia popular es el único camino que se vislumbra en el futuro para poder resistir este proyecto México 2030.
Para la elaboración de la serie de reportajes México 2030, Proyecto de Gran Visión, Contralínea solicitó conocer la versión de la Presidencia de la República, a través del secretario técnico Nicolás Lohmann Rocha. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta
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