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domingo, 24 de abril de 2011

EL HOLCAUSTO DEL SIGLO XXI EN MÉXICO.

Sexenio de Felipe Calderón.




EL HOLCAUSTO DEL SIGLO XXI EN MÉXICO.



El genocidio instaurado tras una lucha al narcotráfico disfrazada.

El asalto de Felipe Calderón a la presidencia de la República para apoderarse de las ganancias de la mafia, 320 mil millones de dólares al año.

Rubén Osorio.





En su discurso del martes 12 de abril, el Presidente de México, Felipe Calderón dijo que las manifestaciones populares en contra de la violencia no deberían de ir en contra de su gobierno o del Ejército, sino contra la delincuencia organizada. El recuento de las muertes es alarmante, el estado de inseguridad del país incrementa en vez de sufrir un revés. La política de lucha al narcotráfico no es eficaz.

Lo cierto, es que cada discurso del Presidente es falso, con falacias y argumentos sin fundamentos. Felipe Calderón buscó legitimarse haciendo una alianza con el ejército, debido al clima político propiciado por los resultados electorales del 2006, ha instaurado un holocausto, un clima de guerra, desprecio y desaparición de hombres y mujeres mexicanos, nos ha declarado la guerra, para que entre propios mexicanos nos matemos, culpando a la droga y el crimen organizado.

Irónicamente, apareció una crisis en materia de salud (influenza) y la superamos, hemos superado ya 5 jinetes del apocalipsis, afirmó el periodista de la Revista Proceso, Daniel Lizárraga. El virus de la influenza; la crisis económica; la crisis derivada de la violencia desatada por el crimen organizado; la peor sequía, la segunda en 70 años, y la mayor caída en la producción de petróleo.

México convertido en un Holocausto.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado mexicano por el hallazgo de narco fosas en el norte del país, mientras que l propio Calderón no mostro ninguna indignación, pena o dio un mensaje a los familiares de los asesinados.

La CIDH instó al Estado mexicano “a esclarecer lo ocurrido, identificar a las víctimas y sancionar a los responsables, así como a adoptar en forma urgente las medidas necesarias a fin de evitar que estos hechos sigan repitiéndose”. El Estado mexicano no ha respondido formalmente a este llamado.

En su edición de este martes 19, el periódico Reforma realizó un recuento para señalar que en cinco años se han hallado 156 fosas en todo el país, con un total de 645 cadáveres, diseminados en 22 entidades de la República y el Distrito Federal. En Tamaulipas, Guerrero y Chihuahua se ha encontrado más de 60% de estos cuerpos. Lo peor de estos hallazgos es que la gran mayoría de los restos humanos no han sido plenamente identificados.

Desde que Calderón comenzó la guerra al “narco” en diciembre de 2006, ya se han contabilizado más de 35.000 muertos y sólo se investiga el 7% de los casos, afirma el legislador panista Felipe González, presidente de la Comisión de Seguridad del Senado de la República, (alrededor de 2 mil 600). Existen más de 5 mil ciudadanos mexicanos desaparecidos, afirma el centro de Inteligencia y Seguridad Nacional y la PGR.

El abogado Sergio Méndez Silva, integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), indica que sí correspondería a la PGR las investigaciones de los cerca de 35 mil ejecutados. Agrega que, de no integrarse las averiguaciones, los servidores públicos sí tienen responsabilidad administrativa, política, civil y penal, “incluyendo al propio presidente de la República”.

En la página de la Presidencia de la República se presenta la Base de datos de estados y municipios sobre homicidios relacionados a la delincuencia organizada, en la cual se cuantifica la muerte de 34 mil 612 personas (546 agresiones, 3 mil 153 enfrentamientos y 30 mil 913 ejecuciones).

Los estados que concentran el mayor número de homicidios son Chihuahua, con 10 mil 135; Sinaloa, 4 mil 387; Guerrero, 2 mil 739; Baja California, 2 mil 19; Durango, 1 mil 892; Michoacán, 1 mil 751; Estado de México, 1 mil 538; Tamaulipas, 1 mil 457; Sonora, 1 mil 258; y Jalisco, 1 mil 73.

Las estadísticas nacionales que proporciona la PGR en su página electrónica muestran que se iniciaron 514 mil 591 averiguaciones previas, entre 2007 y 2010, de las cuales 248 mil 367 son por delitos contra la salud (producción, transporte, tráfico, comercio, suministro, posesión, consumo y otros). No se detalla el número de casos por homicidios.

El artículo 4 de la Ley Orgánica de la PRG señala que a la Procuraduría le corresponde investigar y perseguir los delitos de orden federal, en la averiguación previa y ante los órganos jurisdiccionales. En el artículo 11, se indica que debe contar con unidades administrativas que atiendan las diferentes manifestaciones de la delincuencia organizada.

“Tendríamos que llevar al presidente de la República a un juicio político. Consideramos que habría que realizar la petición para que se le procese, pero por la composición de los grupos parlamentarios en el Congreso (237 diputados del Partido Revolucionario Institucional, 142 de Acción Nacional y 69 de la Revolución Democrática) no sería tan factible”, reconoce la legisladora Dolores de los Ángeles Nazares.

La perredista Teresa del Carmen Incháustegui Romero explica que el presidente de la República y su Procuraduría “se han metido en un gran lío” que podría derivar en una denuncia ante la Corte Penal Internacional.



Por un país unidos contra la violencia del gobierno federal.

Desde el 2006 FeCal nos mantiene secuestrados, apoyado por la mafia de los Estados Unidos y de nuestro país, ha impulsado una guerra entre carteles, para apoyar a un grupo de la mafia que busca expandir su mercado y legitimarlo, grupos de la mafia dependientes del gobierno federal.

En la XXVIII Cumbre Internacional contra las Drogas, el secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna declaró que el mercado de las drogas lo integran 284 millones de consumidores que dejan ganancias a las organizaciones criminales de 320 mil millones de dólares al año situación que genera ambición y violencia entre las organizaciones criminales, afirmó que la lucha contra el crimen durará otros 7 años.

El país apenas entrará a las compuertas de este horror, uno de los verdaderos rostros de la espiral de brutalidad, violencia, impunidad y miedo que ha acarreado la guerra entre los cárteles, la persecución contra migrantes y contra la gente humilde, sin rostro, sin nombre.

El cálculo del Grupo de Trabajo sobre la Desaparición Forzosa o Involuntaria (GTDFI) de las Naciones Unidas en México. En su informe preliminar del 31 de marzo pasado, este organismo advierte que “más de 3 mil personas habrían desaparecido desde 2006” en todo el país.

Se han descubierto 718 cadáveres en 47 fosas clandestinas en Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Chihuahua, Oaxaca, Coahuila, Guanajuato, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Sonora, Baja California, Campeche, Quintana Roo, Jalisco e Hidalgo.

Sin embargo, conociendo la importante ganancia que genera este mercado, está en duda que desaparezca, es más probable, que se legalice, es la opinión de diversos sectores de la sociedad. Al legalizarse se creara una mejor cultura de consumo y por supuesto, habrá una cultura de consumo.

Los mexicanos debemos de defender al país, vivimos secuestrados, aterrados, con el miedo de ser asesinados, secuestrados, violados o torturados por los carteles de la mafia o por las corporaciones policiacas de nuestro gobierno federal, afirma Javier Sicilia a quién la mafia le asesino a su hijo y otros jóvenes.



En conclusión en el gobierno de Calderón, o estás de su lado o contra él. Si estás contra él serás asesinado, expulsado del país o perseguido por los cárteles de la droga o agentes federales ordenados a matar.

sábado, 16 de abril de 2011

PRESOS POLÍTICOS DE COLOTEPEC.

PRESOS POLÍTICOS DE COLOTEPEC.
Armando Montero Añorve y Alfredo Herrera fueron detenidos por la Policía Estatal.
Nunca más la fuerza pública para reprimir al Pueblo de Oaxaca: Gabino Cué.
Rubén Osorio.


Santa María Colotepec, Oaxaca. 16 de abril de 2011.- Armando Montero Añorve y Alfredo Herrera, comuneros y ciudadanos de Santa María Colotepec fueron detenidos por la Policía Estatal, este 15 de abril; ambos ciudadanos tienen órdenes de aprehensión por el problema postelectoral que vivió Santa María Colotepec y el reciente problema limítrofe con San Pedro Mixtepec.
De los 2 detenidos, existen otras 20 órdenes de aprehensión, afirma el Director de Averiguaciones previas, con sede en Puerto Escondido, por ahora, los primeros presos políticos de Colotepec en el gobierno de Gabino Cué, fueron detenidos de manera violenta, dado que, fueron privados de su libertad por los policías estatales, quienes los  agredieron sin piedad.
Ciudadanos organizados del pueblo de Colotepec se preparan para liberar y defender a sus líderes, promueven  un paro carretero, en el poblado, El Tomatal, este 16 de abril a las 8 de la mañana, en este primer día de vacaciones de Semana Santa, para exigir a Gabino Cué, cumpla con la promesa de no generar cargos contra los ciudadanos de Colotepec, manifestaron que el paro será indefinido hasta no tener a sus conciudadanos en absoluta libertad.
La detención es inconstitucional señalan los presos políticos, dado que la orden la giró el director de Averiguaciones Previas y consignaciones de la subprocuraduría Regional de Justicia en la Costa,  en complicidad con funcionarios políticos de Mixtepec; de inmediato fueron trasladados a Tehuantepec, donde aún permanecen incomunicados, sin atención médica y con ello violándose sus Derechos Humanos y Garantías Constitucionales.
El convenio promovido por ciudadanos de Colotepec ante la Secretaria de Gobierno, Irma Piñeyro y el Secretario de Seguridad, Manuel de Jesús López Escamilla, donde acordaron retirar todas las órdenes de aprehensión el pasado 22 de enero, condición que fue firmado por los representantes del gobernador del Estado y los ciudadanos de Colotepec, para dejar como presidente del consejo municipal a José Luis Cabrera, quién hoy, apoya, aprueba y exige se castigue a los ciudadanos de Colotepec.