Otro buen negocio para tiempos de crisis es tener una gran empresa y no pagar los impuestos correspondientes. Como lo reconoció el propio Felipe Calderón hace unos días, bajo su desgobierno es posible hacer negocios, obtener utilidades, omitir las obligaciones fiscales correspondientes –o cubrirlas a tasa de ganga de 1.7 por ciento, cuando el común de los mortales paga el 28 o más–, eludir la cárcel, mantenerse en las secciones de sociales (y hasta en la nómina de invitados especiales a las recepciones y faramallas de Los Pinos) y ser señalado como ciudadano modelo, héroe de la productividad y prócer de la beneficencia.
Pero el mejor de todos es el negocio de permitir el anterior, es decir, el de ser funcionario público –presidente más bien ilegítimo, secretario de Hacienda, director del Servicio de Administración Tributaria o coyote menor–, hacerse el que la Virgen le habla cuando se trata de cumplir con el deber de cobrar los impuestos pertinentes a quienes se les deben favores políticos (¿Te acuerdas de la campañota en medios que te organicé en 2006? ¿Y quién crees que les pagó a los creativos que acuñaron aquello del “peligro para México”?) y ponerse a idear, en tiempos de trabajo pagados con el dinero de los contribuyentes reales, maneras de transferir a esos mismos contribuyentes reales el costo de las omisiones propias en el cumplimiento de las obligaciones derivadas del cargo.
Transacciones de esta clase, y otros, seguirán siendo posibles mientras la sociedad lo permita. Cabe suponer que en un momento próximo, a pesar de los aparatos mediáticos que han garantizado la cobertura de tales negocios, la mayor parte de la ciudadanía caerá en la cuenta de que éstos, además, son delitos y que no hay país que pueda darse el lujo de permitir, por tiempo indefinido, la comisión flagrante de violaciones a la ley. Y actuará en consecuencia.
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