MÉXICO, D.F., 21 de septiembre (apro).- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), máxima autoridad en la materia, encarna los peores vicios del servicio público en México, no sólo porque con su actuación acredita que la justicia en México se compra y se vende, un mercadeo descarado, sino porque no hay consecuencias de tan corrupto proceder.
El poder judicial es, así, el poder de la impunidad.
El semanario Proceso publica, en la edición que comenzó a circular este domingo 20, una truculenta historia de corrupción, abuso de poder e ilegalidades urdida por quienes, se supone, deben garantizar la imparcialidad en la impartición de justicia y que, al contrario, sólo demuestra la corrupción de las instituciones y de quienes las integran.
No es un escándalo más de los que protagonizan los magistrados del TEPJF por sus millonarios sueldos, el sesgo de sus resoluciones ni sus componendas políticas, como la de Salvador Olimpo Nava Gomar con su amigo Jorge Hank Rhon, excandidato priista a gobernador de Baja California, que también Proceso publicó y que hizo enmudecer a ese personaje que ambiciona ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Se trata de un asunto que está ya en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la instancia continental que puede derivar en un procedimiento contra el Estado mexicano, porque el TEPJF actuó como juez y parte en un caso que involucra a todos los magistrados, pero sobre todo a María del Carmen Alanís --quien asumió la presidencia de la institución a la renuncia "por motivos de salud" de Flavio Galván Rivera--, y a Salvador Olimpo Nava Gomar, operador clave en la trama.
En agosto de 2007, la caída de Galván se produjo en medio de un escándalo por corrupción de la que fue acusada su coordinadora de asesores, Norma Inés Aguilar León, quien, supuestamente, exigió una comisión económica a la vendedora de un edificio que quería comprar el TEPJF y que resultó ser tía de Nava Gomar, quien por esa razón presentó una denuncia.
Sin embargo, según el expediente de la investigación que obtuvo Proceso, los hechos ocurrieron exactamente al revés: Fue Olga Gomar de los Ríos, tía del magistrado Nava Gomar, quien junto con su esposo, Fermín Zubiaur Carmona, pretendía los 3.5 millones de pesos de comisión por la compraventa del edificio del Grupo Monitor que tenía un precio de 12 millones 500 mil dólares.
La indagatoria de la Contraloría Interna del TEPJF concluyó que el acto de corrupción que Nava Gomar atribuyó en su denuncia a Norma Inés Aguilar León y al esposo de ésta, Octavio López Guzmán, jamás se acreditó, pero –en cambio-- se evidencia que los tíos de Nava Gomar querían quedarse con la comisión en la compraventa del edificio.
El magistrado Nava Gomar no sólo no consideró irregular que sus tíos intervinieran en un procedimiento de adquisición para la institución de la que él forma parte, sino que fungió como gestor e informante de ellos en el proceso de compraventa y en las investigaciones de la supuesta corrupción, como consta documentalmente.
Y precisamente para ocultar estas evidencias fue que, por decisión de la magistrada Alanís Figueroa --amiga íntima de Felipe Calderón y su mujer Margarita Zavala-- se clasificó como reservado el expediente hasta el año 2012 y, de manera irregular también, se amplió indefinidamente la clasificación de confidencial las fojas donde aparece información de Nava Gomar y sus tíos.
El expediente del caso, cuyas filtraciones a los medios de parte de Alanís Figueroa y Nava Gomar dieron lugar al escándalo que hizo caer a Galván Rivera, ya está en manos de la CIDH, debido a que Aguilar León fue destituida de su cargo y no encontró justicia en ninguna instancia.
Tanto el Poder Judicial como el Poder Ejecutivo le negaron cualquier recurso de defensa, al considerar que las resoluciones del TEPJF son "definitivas e inatacables" en materia electoral, sino también en aquellos asuntos que tienen que ver con su administración. Es decir, las instituciones nacionales convalidan la injusticia.
Aunque al final Olga Gomar y Fermín Zubiaur no lograron el dinero que pretendían con la ayuda de su influyente sobrino, tampoco tuvieron consecuencias de sus actos, y Nava Gomar, impune también, goza del poder como magistrado mano derecha de Alanís Figueroa, quien hasta le cumple el capricho de que jamás le falte, en su mesa de trabajo, manzanas con chamoy.
En cualquier país democrático, que por definición implica la vigencia del estado de derecho, los medios de comunicación asumen, como Proceso, su deber de investigar, procesar y difundir información de interés público, como es este caso, y las instituciones proceden ante actos como los de Alanís Figueroa y Nava Gomar, que estarían sujetos a un procedimiento para su destitución y eventual enjuiciamiento.
Pero, salvo que los diputados federales asuman su deber, algo que se aprecia muy remoto, la pareja que forman Alanís Figueroa y Nava Gomar seguirá disfrutando su productiva sociedad…
Por cierto, los magistrados del TEPJF decidieron que los casos de las delegaciones Miguel Hidalgo y Cuajimalpa, anuladas porque Demetrio Sodi y Carlos Orvañanos rebasaron los gastos de campaña, no serán resueltos por ellos, sino por los de la Sala Regional capitalina. Esa decisión es sólo para no mancharse ellos las manos, porque el enjuague está hecho…
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