Oaxaca es un estado que concentra en su territorio casi la cuarta parte de los municipios del país con 570 de los 2,392 existentes. En términos poblacionales, el 56.7 por ciento de los oaxaqueños habita en localidades menores de 2 mil habitantes, sólo el 20 por ciento de la población habita en localidades de 15 mil habitantes o más, es decir el 0.1 por ciento de las más de 8 mil localidades, divididas en rancherías, cuadrillas, núcleos de población, agencias de policía, agencias municipales y municipios. Es un estado donde más del 60 por ciento de su población es indígena y que concentra 16 de los 56 pueblos indios del país.
La realidad municipal tiene en estos datos su primera originalidad: más del 80 por ciento de los municipios no cubren el requisito constitucional para ser reconocidos como tales y sin embargo existen. Contrariamente a lo que sucede en Chiapas, los indígenas han podido afianzar el control sobre sus tierras comunales, siendo ésta la principal forma de tenencia de la tierra en la entidad, principalmente a través de la institución municipal. De los 570 municipios, alrededor de 420 tienen una población indígena dominante. Ello conlleva una connotación particular y casi única del poder municipal y regional y por consiguiente una expresión del gobierno auténticamente indígena y autónoma.
Por otra parte, la institución municipal está estructurada a través de sistemas jerarquizados de servicio comunitario: El sistema de cargos cívico-religioso y formas colectivas de gestión pública, tales como el tequio (trabajo voluntario) y asambleas comunitarias.
La participación electoral de las comunidades ha estado sujeta a una profunda modificación en función de los cambios en las normas de la liberalización política que ha sufrido el país y, a la vez, a la autoafirmación sobre sus prácticas y mecanismos tradicionales en la elección de sus autoridades conocidas como usos y costumbres.
Esta compleja realidad que se subsume en el contexto socio económico de la entidad -pobreza extrema, alta marginalidad, alta polaridad social, atraso generalizado en los índices de bienestar, etc.-, propició que desde finales de los años 70 las organizaciones sociales y políticas de la época se pronunciaran por la autonomía de las comunidades para elegir a sus autoridades municipales, organizaciones tales como El Comité para la Defensa de los Recursos Naturales, Humanos y Culturales de la Región Mixe (CODREMI) que se transformó más tarde en la Asamblea de Autoridades Mixes: la Organización de Defensa de los Recursos Naturales y Desarrollo Social de la Sierra Juárez (ODRENASI), la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI); la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez (UNO SJO) de manera más reciente y, desde luego, una precursora como lo fue la entonces Coalición Obrera-Campesina-Estudiantil del Istmo (COCED, que abocadas principalmente a las luchas "campesinas" de la época, le dan a la dimensión étnica un lugar importante en sus estrategias de movilización política que se traduce en demandas tales como: reconocimiento de las tierras comunales, titulación de los ejidos, respeto y promoción de las lenguas indígenas, respeto a las culturas milenarias y principalmente respeto a las comunidades en el nombramiento de sus autoridades municipales, ejidales, comunales e incluso en muchos pueblos eclesiásticos.
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