L a situación política del país desde que Felipe Calderón inició su mandato a puesto a los ciudadanos a temblar, una tormenta de ingornabilidad sacude al país.
Calderón pasará a la historia como uno d elos gobernantes violadores de los derechos humanos. La decisión de sacar a los militares a las calles para enfrentar el narcotrafico no ha hacabado con la delincuencia organizada, el tráfico de drogas y la corrupción de la policia.
La propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos –que no se caracteriza por hacer valer el respeto a esos derechos– reconoció recientemente que tan sólo en los primeros dos años del sexenio de Calderón las quejas contra el Ejército por violar la dignidad humana se elevaron a más de mil 600, seis veces más de las registradas al momento de asumir el poder.
Ciertamente los mexicanos debemos exigir resultados concretos de nuestros gobernantes, pero también es importante que seamos capaces de reconocer lo positivo y mirar, en lo mucho que falta, la necesaria participación de todos nosotros en la cosa pública. No participar en política es abdicar y sólo criticar sin asumir la propia responsabilidad es demagogia.
En América Latina, el Ejército mexicano se destaca por gozar de un fuero que puede extender a civiles y que garantiza la impunidad para los militares que sean responsables de violaciones a los derechos humanos, así se trate de delitos de lesa humanidad, como la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales.
Calderón podrá, incluso, tener el apoyo político del gobierno de Barak Obama y del Congreso estadunidense en su llamada estrategia contra el narco, pero no podrá evitar que México siga siendo exhibido ante el mundo como un país donde los violadores a los derechos humanos quedan impunes.
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